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¿La Ley en Sinaloa otorga facilidades para la competitividad?
En los últimos trece años se han realizado esfuerzos legislativos para contar un marco jurídico que impulse la competitividad en nuestro Estado, aún falta mucho por hacer.

¿La Ley en Sinaloa otorga facilidades para la competitividad?

Creo   que no se requiere reflexionar mucho para contestar con un rotundo NO al cuestionamiento planteado. Si bien en los últimos trece años se han realizado esfuerzos legislativos para contar un marco jurídico que impulse la competitividad en nuestro Estado, aún falta mucho por hacer.

Como parte de esos esfuerzos, hace unos días, el Ejecutivo Estatal presentó ante el Congreso un paquete de reformas proponiendo modificar siete leyes, entre las que se encuentran la Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo, la Ley de Hacienda Municipal y la Ley de Catastro.

En esencia, el propósito de tales reformas es regular de mejor forma la figura de la queja por obstrucción empresarial y establecer las bases para que los pagos y constancias de las distintas dependencias municipales y estatales, realizados y emitidos por medios electrónicos, tengan validez jurídica.

Sin dejar de reconocer que lo anterior es bueno e importante, es necesario destacar que hace falta mucho más que eso para que realmente se generen condiciones para la competitividad en Sinaloa. En nuestro orden jurídico aún no se refleja una política de Estado definida para ello. Existen propuestas claras emanadas desde la sociedad civil y especialmente del Consejo para el Desarrollo de Sinaloa (CODESIN), que han sido planteadas a las autoridades de todos los niveles de manera reiterada, pero que no se han materializado por la falta de voluntad política para su implementación.

Otro ejemplo de lo que se requiere como elemento básico para la competitividad, es la creación de una Ley que regule de manera uniforme los actos de gobierno frente a los intereses ciudadanos. Sinaloa es de las pocas entidades federativas que aún no cuenta con una Ley de Procedimiento Administrativo, con la cual todo ciudadano sepa con claridad que esperar ante una solicitud, cualquiera que ésta sea, presentada ante una autoridad municipal o estatal; o bien,  conocer los instrumentos de defensa a su alcance ante cualquier acto de gobierno que pueda afectarlo en su persona o en su patrimonio.

Con la creación de una Ley de Procedimiento Administrativo, se pueden regular los efectos de los diversos actos y omisiones de la autoridad, otorgando al ciudadano o a las empresas el beneficio de que su petición se considerará en sentido positivo en cierto tipo de actos; o bien precisando tiempos razonables y cortos para que la falta de respuesta se entienda en sentido negativo, para dar paso a su combate por la vía jurisdiccional, sin mayor pérdida de tiempo.

En síntesis, urge en Sinaloa una legislación que otorgue garantías mínimas de defensa de los gobernados frente al poder.

Por: Arturo Sánchez Sáinz

 

 

Acerca Antonia Felix

Directora Ejecutiva en Kitchen Fair , Empresaria integrante de Grupo Red Canaco y Mujeres Empresarias Canaco. Lider de Equipos de ventas.
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